Puerto Rico contra Ricardo Roselló

Además de haber pedido perdón por los mensajes denigrantes contra homosexuales, mujeres y opositores en un chat privado de la mensajería Telegram, el gobernador anunció que no se postulará a un segundo mandato en las elecciones del 2020.

Pero el lunes, cientos de miles de personas marcharon, acompañados de estrellas puertorriqueñas como Ricky Martin – blanco de los comentarios homófobos en los mensajes filtrados -, Daddy Yankee y René Pérez (Residente).

La oposición parlamentaria por su parte busca abrir un proceso de destitución por motivos políticos, una figura llamada “residenciamiento” en la Constitución puertorriqueña.

Ante “las acusaciones contra su ex ministra de educación, contra la directora del plan de Salud, los esquemas de corrupción que han sido identificados, y ante la negativa del gobernador de escuchar y actuar sobre el reclamo del país, la Constitución del Estado libre y asociado de Puerto Rico provee un mecanismo para residenciar al gobernador que no es otra cosa que iniciar un proceso político para sacarlo de la posición que ocupa como Gobernador del Estado libre Asociado de Puerto Rico”, explicó.

De momento, la oposición no ha logrado reunir los votos de dos tercios de los diputados, necesarios para abrir un proceso político. Según el diario El Nuevo Día, varios legisladores y alcaldes del partido de Rosselló han tomado sus distancias con el Gobernador y podrían apoyar la apertura de tal juicio, pero esperan un informe jurídico encargado por el presidente de la Cámara.

Al responder sobre los motivos que sustentarían la apertura de un juicio político, el senador opositor Aníbal José Torres insistió en que “en las conversaciones que salieron públicas en mensajes de texto mediante Telegram, entre el gobernador y su equipo político y gubernamental más cercano, se desprende que se pudo haber cometido varios delitos como enriquecimiento ilícito y aprovechamiento de una posición pública para agenciar contratos a terceros, hay conspiración en las conversaciones”.

Torres recordó que “la Constitución provee que las causas de residenciamiento serían la traición, el soborno, delitos graves y menos graves como la depravación moral” y pide examinar “si la conducta del gobernador y las expresiones que ha hecho denigrando desde a homosexuales hasta a artistas e incluso miembros de su propio partido” demuestran “que el gobernador ha fallado administrativamente”.

Si lo dos tercios de los diputados de la Cámara de representantes aprobaran el proceso de residenciamiento, la causa pasaría al Senado donde se necesitaría una mayoría de ¾ partes para condenar o absolver al gobernador. En caso de ser declarado culpable, la única sentencia posible sería la separación del cargo.