Contra la corrupción

Desde marzo, ya rige la Ley 27.401 más conocida como Ley de responsabilidad penal empresaria. Enterate todos sus detalles.

El debate por esta ley en el Congreso fue muy acalorado pero tras ser aprobada en noviembre, ya está vigente en todo el país. Gracias a ello, cumple con los requisitos para formar de parte de OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Hace años esta organización reclamaba que Argentina la aplicara ya que sin ella, los procesos judiciales se hacían muy largos y engorrosos. Además, permite investigar casos de corrupción en el exterior intercambiando información con los organismos pertinentes y así que los fiscales y jueces cuenten con toda la información necesaria para llevar adelante la investigación.

Uno de los requisitos para ser parte es que los países cuenten con un Programa de Integridad en el que incluya los pasos a seguir a la hora de que el Estado lleve adelante licitaciones y cómo hacerlo en relación a sus oferentes. La brújula está puesta en la transparencia. Esto decanta a que las mismas empresas generen códigos antidelictivos dentro de sí mismas.

La finalidad última de la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria es la lucha contra la corrupción centrando la mira en las personas jurídicas. En líneas generales, brinda beneficios a quienes denuncien o aporten información sobre delitos de cohecho. También cataloga los delitos de falsificación de balances, tráfico de influencias, concusión, entre las más llamativas. De ser probadas, se aplicarán sanciones de entre 2 a 5 veces las ganancias, prohibición para presentarse a concursos y hasta disolución de la empresa.

La pena aplicada se reducirá a quienes aporten información real y clave en el procedimiento. Para ello, las empresas deben establecer líneas de denuncias y estamentos para poder investigarlas. Deben ser compatibles con la Constitución Nacional y con los derechos del trabajador.