Siguen las protestas en Chile

Hace una semana una protesta estudiantil contra el aumento del metro derivó en la mayor protesta social en Chile. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, anunció el envío de «una misión de verificación».

Este estallido sin precedentes en el país, el más grave en casi 30 años desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), representa en estas horas un claro desafío para su reconocido modelo económico.

En estos siete días de manifestaciones, enfrentamientos, saqueos e incendios en Santiago y otras ciudades han dejado 19 muertos y denuncias de abusos de derechos humanos que motivaron el envío de una misión de la ONU para investigar.

Ante la multiplicación de denuncias sobre la acción de los militares que desde el sábado fueron desplegados en las calles, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, anunció el envío de «una misión de verificación para examinar» la situación en el país.

En los alrededores del palacio de La Moneda, sede de la presidencia, cientos de manifestantes se pararon durante toda la jornada del jueves a desafiar al ejército y gritar o cantar consignas pidiendo la renuncia del presidente Sebastián Piñera: «Y va a caer, va a caer, Piñera va a caer», entonaban un conocido cántico en Chile de la época de la dictadura.

Un exiguo aumento de la tarifa del metro de Santiago fue el catalizador de las protestas, pero ahora han derivado en un movimiento mayor, heterogéneo y sin un liderazgo identificable, que pone sobre la mesa otras demandas, principalmente un aumento de las bajas pensiones del sistema privado, heredado de la dictadura. «Esto ya es el reclamo de todo un país, nos cansamos», gritaba una manifestante en medio de un caceroleo en Santiago.

El anuncio de una batería de medidas sociales por parte del presidente Piñera y su «perdón» por su gestión inicial de la crisis parecen no haber surtido efecto en la población.

El gobierno prometió mejorar las pensiones de los más pobres, aumentar impuestos para ciudadanos de mayores ingresos y disminuir las dietas parlamentarias y los altos sueldos públicos, además de congelar un alza del 9,2% en la electricidad.

Por RFI.