“El dato oficial del Estado mexicano de personas que aún se encuentran desaparecidas es de 61.637 personas”, anunció el lunes Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
El documento intenta depurar los registros anteriores y poner en evidencia un subregistro de desaparecidos. Pese a la voluntad de sincerar las cifras, este informe es parcial, no cuenta hasta el momento con los datos de 11 de las 32 fiscalías del país.
“Se trata básicamente de estados que no tienen la voluntad de avanzar en ese sentido, que siguen minimizando el fenómeno, que ocultan información, y/o que siguen clasificando la información de forma errada y de manera dolosa”, explica Juan Carlos Gutiérrez, director general de la ONG de Derechos Humanos I(DH)eas.
La clasificación indebida o la minimización de las desapariciones son producto de la actitud de las autoridades, según Gutiérrez: “Se habla de la existencia de corrupción en estados como Tamaulipas, Veracruz, Morelos, el estado de México, donde la corrupción policial es brutal y donde ellos hacen parte del ciclo de la impunidad de la desaparición, y en muchos casos participan activamente en las desapariciones”.
Entretanto, y para dar una idea del fenómeno de las desapariciones, las autoridades del norteño estado mexicano de Chihuahua anunciaron la semana pasada la construcción de un cementerio en la violenta Ciudad Juárez para albergar los cadáveres que no han sido reclamados ni identificados.
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