A un año
Escrito por admin el 19 septiembre, 2018
Hoy habrá en la Ciudad de México un simulacro de sismo y una ceremonia para conmemorar el primer aniversario del sismo de 7.1 de intensidad que, el 19 de septiembre pasado, causó 228 muertos en la capital mexicana y 141 más en los estados del centro del país.
Durante estos doce meses, se llevó a cabo un plan que, según el gobierno mexicano, permitió entregar apoyos a las familias damnificadas y para la reconstrucción de más de 166 mil viviendas dañadas, equivalente al 98% de las afectaciones en las zonas que han sido golpeadas por los sismos del 7 y del 19 de setiembre del año pasado.
Fallecieron 369 personas el año pasado en el terremoto del 19 de septiembre. En 1985, un 19 de septiembre también, un fuerte sismo ya había devastado miles de viviendas en la capital mexicana.
Según Leonardo González, investigador de la ONG Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, no se aprendió nada entretanto: “Lo que ha mostrado el terremoto ha sido las dos caras de México. Por un lado hemos visto muy buenas actitudes y mucha colaboración por parte de la sociedad civil, de los grupos de empresarios, de la ciudadanía en general, y por otro lado hemos visto la corrupción rampante, la insensibilidad del gobierno, y un continuo uso incorrecto de los recursos públicos”.
Después de este sismo devastador empezó rápido la reconstrucción. Pero se hizo a un ritmo más lento de lo previsto. De tal manera que queda mucho por hacer en la Ciudad de México donde, según las denuncias de los medios, aún se carece de un diagnóstico definitivo de las afectaciones. Tampoco habría certeza sobre el número de damnificados, la cantidad exacta de inmuebles dañados y el nivel de riesgo que éstos representan.
“El problema es que la impunidad ha reinado completamente y en ninguna de los casos ha habido una sanción, incluso en muchos casos ha habido un encubrimiento”, Leonardo González, investigador de la ONG Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Empresas que violaron los códigos de construcción, propietarios que hicieron modificaciones irregulares, autoridades que cerraron los ojos… Los responsables son muchos pero impera la impunidad, estima González: “El problema es que la impunidad ha reinado completamente y en ninguna de los casos ha habido una sanción, incluso en muchos casos ha habido un encubrimiento”.
Aprobada tras el sismo, la Ley de Reconstrucción de Ciudad de México permite edificar hasta un 35% más de la zona habitacional afectada para que su dueño pueda vender este espacio suplementario y así financiar la reconstrucción.
Hoy en día, de los 400 edificios que deben ser destruidos en la capital, tan solo 64 han sido demolidos. En cuanto a la población afectada, todavía hay capitalinos que viven bajo carpas o en casas ajenas, porque las suyas se derrumbaron, han sido tiradas, están inhabilitadas o en reconstrucción.
En cuanto al manejo de los recursos económicos, hay donaciones privadas que se han perdido. Resulta imposible seguir el rastro de más de 145 millones de dólares que eran destinados a los damnificados.
La reconstrucción en los estados centrales del país, como Morelos, donde se ubicó el epicentro del terremoto, es aún más lenta. “Realmente la ayuda del gobierno fue muy poca en mi municipio. Llegó mucho material del gobierno federal, pero el gobierno municipal se lo quedó y no lo ha repartido entre los damnificados y el municipio”, cuenta Jesús Mendoza, cuya casa fue dañada por el sismo.
Una situación que se repite en todas las zonas afectadas, según Leonardo González. El mismo mes de septiembre de 2017, los estados sureños de Chiapas y Oaxaca también fueron golpeados por un sismo de 8,5 grados.
Entrevistados: Leonardo González, investigador de la ONG Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y Jesús Mendoza, damnificado en el estado de Morelos.
RFI