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El nuevo plan

Escrito por el 6 febrero, 2019

En México, se estima que hay 40.000 personas desaparecidas, más de 1.100 fosas clandestinas y 26.000 cuerpos sin identificar. Las cifras, conservadoras según organizaciones de Derechos Humanos, son las que maneja el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lanzó un plan de búsqueda nacional.

“La mayoría de las personas que desaparecen son personas de bajos recursos, que no tienen trabajo o están en búsqueda de trabajo. Muchachos, jóvenes, que pueden ir de los 18 a los 35, 40 años. Pero también hay un gran número de mujeres que han desaparecido y son muy jovencitas. Quizás esto esté ligado a un problema de trata de personas”, explica Rocío Culebro, la directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos, quien ha trabajado con el gobierno en la elaboración del plan de búsqueda de desaparecidos.

El presidente mexicano, quien atribuye la violencia a la criminalidad y al neoliberalismo, ha establecido este plan nacional de búsqueda con dos ejes principales, según describe Juan Carlos Gutiérrez, director general de la ONG de Derechos Humanos I(DH)eas, asociada al plan del gobierno: “En primer lugar la búsqueda, y en segundo, la investigación. Respecto a la búsqueda, se trata de fortalecer el servicio único y los diferentes protocolos de información. (…) En materia de investigación, se habla de investigar a las personas superiores jerárquicas, es decir quienes dan las órdenes y ordenan verificar las prácticas, y también se habla de otorgar beneficios por colaboración”.

Pese al apoyo de organizaciones de DD.HH., subsisten resquemores en un punto. Andrés Manuel López Obrador sigue defendiendo la creación de una guardia nacional integrada por decenas de miles de militares.

“Estamos en contra de la creación de la guarda nacional, no queremos a los militares, porque ellos teniendo este poder, dudo que después quieran regresarlo a los civiles”, afirma Rocío Culebro.

La guardia nacional también es fuertemente criticada por agencias de la ONU, pues consideran que seguir utilizando a soldados en materia de seguridad interior equivale a la militarización del país.

Entrevistados por RFI: Rocío Culebro, directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos, y Juan Carlos Gutiérrez, director general de la ONG de Derechos Humanos I(DH)eas.

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