7 de octubre

Treinta años de los indultos firmados por Carlos Menem. La serie de diez decretos fueron sancionados el 7 de octubre de 1989 y el 30 de diciembre de 1990 por el entonces presidente de la Argentina Carlos Menem, indultando civiles y militares que cometieron crímenes durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional incluyendo a los miembros de las juntas condenados en el Juicio a las Juntas de 1985, al procesado ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y los líderes de las organizaciones guerrilleras. Mediante estos decretos fueron indultadas más de mil doscientas personas.

El 7 de octubre de 1989 el presidente Menem sancionó cuatro decretos indultando a doscientos veinte militares y setenta civiles.

El Decreto 1002/9: indultó a todos los jefes militares procesados que no habían sido beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, excepto el exgeneral de división Guillermo Suárez Mason, que había sido extraditado de los Estados Unidos.

El 1003/89 indultó a líderes y miembros de los grupos guerrilleros y otras personas acusadas de subversión, entre ellas personas que se encontraban muertas o «desaparecidas». También indultó a militares uruguayos.

En el Decreto 1004/89 indultó a todos los participantes de las rebeliones militares carapintadas de Semana Santa y Monte Caseros en 1987 y de Villa Martelli en 1988. Y el Decreto 1005/89 indultó a los exmiembros de la Junta de Comandantes Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo, condenados por los delitos cometidos en la conducción de la Guerra de las Malvinas.

Luego de que en 2003 el Congreso de la Nación Argentina declarara la nulidad de las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987) algunos jueces comenzaron a declarar inconstitucionales aquellos indultos referidos a crímenes de lesa humanidad.

El 15 de junio de 2006 la Cámara de Casación Penal, máximo tribunal penal de la Argentina, consideró que los indultos concedidos en delitos de lesa humanidad eran inconstitucionales. El 31 de agosto de 2010 la Corte Suprema de Justicia confirmó sentencias de tribunales inferiores, dictando que los indultos no fueron constitucionales y las condenas que anularon debían ser cumplidas.